Beatriz Barrientos es la Coordinadora Regional en Centroamérica De Justicia Alimentaria. Junto al equipo ubicado en la ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, Honduras, da apoyo a los proyectos que se ejecutan en la región. Las acciones que desarrollan responden a las demandas de organizaciones socias locales que buscan garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, defendiendo para ello la soberanía alimentaria de los pueblos, los derechos de las mujeres y los del territorio. Mediante este pequeño artículo explicara como Justicia Alimentaria trabaja dando apoyo al campesinado que a lo largo del tiempo ha visto como se le han ido vulnerando sus derechos y soportando la usurpación de sus propios medios naturales.

 

En Centroamérica la conflictividad por falta de tierras es una constante. Se trata de una reivindicación que realizan, las poblaciones originarias y el campesinado desde el tiempo de la colonia. Históricamente ha habido desalojo y acaparamiento; desde que el país basó su economía (mediados del Siglo XIX) la exportación de café, pasando luego al algodón, el banano, la caña de azúcar y más recientemente a la palma africana, las élites económicas se adjudicaron el derecho a explotar la tierra y la mano de obra. El crecimiento de la tierra para cultivos de exportación es directamente proporcional a la reducción de la tierra disponible para la subsistencia campesina. Esa situación ha colocado el acceso a tierras en el centro de la conflictividad agraria y de la matriz de desarrollo del país.

Guatemala es un país dependiente en buena medida de la agricultura. Según el Banco Mundial en 2021 hubo un crecimiento de 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y que éste proviene de las actividades productivas, las exportaciones, las remesas y la recaudación tributaria. Pero como el mismo BM dice “Guatemala ha experimentado estabilidad económica, pero esto no se ha traducido en una aceleración del crecimiento que permita cerrar la brecha de ingresos con países ricos. De hecho, las tasas de pobreza, con los pueblos indígenas en particular desventaja”.

La matriz de desarrollo del país sigue, como en el tiempo de la colonia, basada en la sobreexplotación de los recursos naturales y de la mano de obra. La expansión de la minería a cielo abierto, del monocultivo (palma africana, teca, caña de azúcar, aguacate has…), las hidroeléctricas, la explotación maderera, los cultivos ilícitos, han aumentado la presión que ya existía sobre la tierra y los pueblos. Se traduce entonces, en deforestación, desvío de ríos, contaminación y pérdida de espacios para cultivos de base alimentaria. Esa situación provoca una alta vulnerabilidad alimentaria que sumada a la vulnerabilidad ambiental provoca el éxodo de la población rural a las grandes urbes.

Justicia Alimentaria enfoca su trabajo en proteger a la población de la vulnerabilidad alimentaria y ambiental a la que se ve sometida. Desde el apoyo que realiza a las organizaciones locales con las que trabaja, se impulsan proyectos que garantizan la disponibilidad de alimentos en las comunidades en donde trabajamos. Se realizan huertos y recolección de agua de lluvia para disponer de alimentos frescos. Se organiza el almacenamiento de granos y semillas. Eso significa que hay disponibilidad de maíz y frijol en épocas de escasez y de semillas cuando se pierde por temporadas calurosas prolongadas. Con ello, la población comunitaria tiene acceso a grano en buen estado, y a precio justo. El objetivo de la producción agroecológica es generar menor dependencia, se utilizan insumos locales (piedra para linderos, semillas autóctonas, especies nativas, abonos orgánicos) y se diversifican los cultivos para rescatar así especies, fomentar la fitoterapia y la cultura culinaria.

También generamos campañas locales de sensibilización a la población. Interesa dar a conocer las dificultades que atraviesan el pequeño campesinado, las mujeres, las comunidades indígenas. Ellas y ellos alzan la voz, intenta dar a conocer la precariedad que les rodea, el origen de sus carencias, las demandas, sus propuestas. Sin embargo, clamar por los derechos en Guatemala y la región centroamericana, en general, no es fácil. La región se ha convertido en una en donde defender derechos no es fácil, quienes lo hacen a favor del territorio y la libre expresión han encontrado violencia, persecución e incluso muerte.

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) propuestos por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) no podrán cumplirse si no se atienden y equilibran las demandas de toda la población. Por un lado se necesita desarrollar una matriz económica pero por el otro, con los recursos de la región hay suficiente para desarrollarla y que la población entera viva  vidas emancipadas, dignas, sin violencias, sin carencias, felices. Necesitamos entonces que se escuchen todas las voces, que se respete y aprecien los recursos propios. Cuando hablamos de semillas criollas y saberes, nos referimos al patrimonio de la nación, a la riqueza que significa que Mesoamérica (Sur de México hasta norte de Nicaragua) sea centro de origen de varias especies que son producidas y consumidas a nivel mundial. Es una riqueza que debemos apreciar todas las partes.