El 18 de noviembre se publicaron los contratos para gestionar los comedores de los centros educativos públicos de comida transportada, es decir, aquellos que no disponen de cocina in-situ. Se publicó un contrato por territorio histórico (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) y estamos a la espera de que se publiquen los contratos de los centros que sí cuentan con cocina.

A la espera de que se resuelvan los contratos, una vez más nos encontramos con unos pliegos pensados para las grandes empresas de cáterin. Así, aunque ha aumentado el número de lotes (20 de para comida transportada), una única empresa podría gestionar todos los comedores sin cocina de Araba. Además, la dimensión de los lotes (un único lote para todo Gasteiz de 8.704 menús/día a repartir en 38 centros, por ejemplo) aleja toda posibilidad de acceso a pequeñas y medianas empresas ni a las de interés social. Los criterios de solvencia, infraestructuras y característica de vehículos también están pensados para las macroempresas.

Tampoco hay avances en el aspecto pedagógico. Seguimos con las mismas ratios y no hay ninguna exigencia a las empresas con respecto a la formación del monitorado, más allá del habitual de manipulación de alimentos. Teniendo en cuenta el potencial pedagógico del comedor, no se entiende que no haya habido ningún avance en este ámbito.

Con respecto a la mejora de la calidad alimentaria, los nuevos contratos recogen una serie de criterios relacionados con la calidad de los productos (etiquetas ecológicas, certificados de calidad como Euskolabel o sellos Fairtrade), pero no existe ningún mecanismo de control para verificar que las empresas cumplen con lo que se han comprometido. En este sentido, además de la propia labor que corresponde a la Administración, los centros escolares, a través de su responsable de comedor y la propia comisión de comedor, deberían tener la capacidad de control y sanción, aspectos que de momento no se han recogido.

Por último, estos pliegos se han realizado sin contar con la comunidad educativa, tal y como acordó el Parlamento vasco en 2019 y su duración (3 años ampliables a 5) cierran la opción de cambio a largo plazo.

En Gure platera gure aukera creemos que los pliegos no pueden elaborarse atendiendo los intereses de las grandes empresas de catering, sino a las necesidades de la comunidad educativa. Para ello es imprescindible ser consensuados con la comunidad, tal y como acordó el Parlamento vasco.