Con los votos a favor de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP y la abstención del PNV y PSE, el Parlamento vasco ha acordado poner en marcha una comisión de investigación de las empresas de cátering que gestionan los comedores escolares de los centros educativos públicos de la CAV, con el objetivo de dirimir responsabilidades políticas.
En febrero de 2016 la Autoridad Vasca de la Competencia impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas, por un reparto de mercado que perjudicó a las familias y a las arcas públicas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la existencia del pacto, pero rebajó la multa al 60% (7,7 millones) por la falta de control del Gobierno vasco. La AVC cifra el sobrecoste generado para las familias y la Administración en 80 millones de euros a lo largo de toda una década.
La semana pasada ese tribunal confirmó las sanciones de cuatro empresas que presentaron recursos: Eurest Colectividades, Eurest Euskadi , Tamar Las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca. Estas empresas deberán abonar un total de 4,3 millones de euros. Solo queda pendiente resolver el recurso de las empresas del grupo Auzolagun.